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¿Qué sigue para Arias, luego de que Corte negó revisar sentencia?

Corte Suprema ratificó que al exministro no le aplica la doble instancia. Su defensa pondrá tutela.

Luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara que en el caso del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, condenado por el escándalo de Agro Ingreso Seguro, no aplica la doble instancia, lo que deja en firme la condena contra el exfuncionario, su defensa anunció acciones contra la decisión.

Víctor Mosquera, abogado del exministro, dijo que en los próximos días presentarán una acción de tutela contra la decisión que tomó la Corte.

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"Ellos están diciendo que no cumplen la decisión porque la retroactividad y la favorabilidad penal no existen, destruyendo años de teoría penal", comentó el abogado.

Además, Mosquera anunció que también presentarán denuncias penales contra magistrados que se han pronunciado sobre el particular, aún cuando, según explicó el abogado, no debían porque en ocasiones anteriores se habían pronunciado sobre el tema.

Andrés Felipe Arias, en todo caso, aún tiene pendiente un caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su abogado afirmó que esta decisión de la Corte Suprema les da "más argumentos" para insistir en el asilo de Arias (quien está en Estados Unidos pendiente de su extradición a Colombia) y llevar el caso "a los organismos internacionales de Derechos Humanos demostrándoles que Colombia, sobre todo la corte Suprema de Justicia, no está cumpliendo a cabalidad con los derechos humanos".

La condena de 17 años y 6 meses de prisión que en 2014 le impuso la Corte Suprema a Arias se dio en única instancia, pues en esa época no existía la doble instancia para aforados constitucionales. La posibilidad de un aforado de impugnar un fallo condenatorio solo se hizo realidad el año pasado, después de que el Congreso tramitó la ley de doble instancia y se crearon dos nuevas salas en el alto tribunal.

Por esto, la Corte dijo que solo una reforma constitucional aprobada por el Congreso podría abrir la posibilidad de que se revise la condena. El alto tribunal afirmó que solo por vía del Congreso se podrían suprimir los efectos de la cosa juzgada del caso y la creación temporal de un organismo judicial que actúe como superior de la Sala de Casación Penal de la Corte.

“Es claro, entonces, que es el Congreso, y no la Corte Suprema, el llamado a adoptar las medidas legislativas necesarias que permitan satisfacer el requerimiento del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, desde luego si Colombia admite atender su dictamen”, se lee en la decisión del alto tribunal.

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